Mis sexenios (52)

José Guadalupe Robledo Guerrero.

La segunda etapa del sexenio montemayorista
Por el “balconeo” periodístico que le dimos al macronegocio montemayorista de Fodeisa, los “espías chinos” del palacio de gobierno insistieron con la jalada teoría de la conspiración, la que según ellos me involucraba con conocidos políticos para tumbar a Montemayor.

En ese entonces, incluyeron en la lista de los conspiradores al coahuilense Humberto Roque Villanueva, que en ese momento era Coordinador de la bancada priista en la Cámara de diputados, de la que había sido Presidente un año antes, y meses después sería el Presidente del CEN del PRI, por ser amigo de Ernesto Zedillo.

En ese momento también, la estrategia de comunicación del gobierno montemayorista de mantener callada a la prensa estaba en su apogeo, sobre todo en lo que afectara al gobernador Montemayor y a su pandilla de funcionarios. Por eso sobre la corrupción nada se publicaba, a pesar de que todo mundo sabía de los múltiples negocios al amparo del poder de los montemayoristas.

Pero no todo era corrupción, también se daban traiciones. Como buen simulador, el ex panista de Montemayor estaba dando el salto de la muerte, su jefe Salinas ya no era Presidente y era perseguido por su sucesor, y su amigo Colosio había sido ejectuado en Tijuana, entonces no le quedaba otra que rendirle pleitesía al Presidente Zedillo, incluso traicionando al que le había dado sus chambas importantes en el sector público, CSG.

Lo cierto es que a Montemayor le dio buenos resultados traicionar a Salinas, pues luego que terminó la gubernatura de Coahuila, el Presidente Zedillo lo hizo Director de Pemex, y casi termina en la cárcel acusado de peculado, uso indebido de funciones y peculado electoral, pero RMS se salvó de la prisión, y sólo lo inhabilitaron 20 años para ocupar cargos públicos.
Montemayor se llevó a Pemex a dos de sus principales cómplices en el gobierno de Coahuila: Carlos Juaristi Septién y Antonio Juan Marcos Issa, el primero fue acusado de peculado y anduvo prófugo pues una orden de aprehensión lo perseguía, y al segundo no han cesado de mencionarlo en los medios por escandalosas operaciones con Pemex por la renta de buques tanque. El Pemexgate fue montemayorista.

Por esos días acudí a la Procuraduría General de Justicia en donde despachaba como Procurador otro de los corruptos amigos de Montemayor: Humberto Medina Ainslie, hoy acusado de ser principal responsable de la corrupción y caótica situación que vive el estado de Nuevo, donde “gobierna” su hijo Rodrigo.

Fuí a la PGJE atendiendo un oficio en donde me preguntaban si seguían investigando el robo a mi domicilio efectuado casi dos años antes por ladrones enviados desde el gobierno montemayo- rista. Cuando revisé el expediente de mi denuncia me percaté que no había ningún documento oficial que mostrara que la Procuraduría había hecho algo por esclarecer el robo. Ni siquiera estaba el reporte de la policía Ministerial sobre el ilícito que denuncié.

También investigué dónde había quedado el expediente de mi otra denuncia, la del atentado que sufrí el 10 de junio de 1995, cuando dos sujetos (uno de ellos Alberto Campos Olivo) balearon mi automóvil en la puerta de mi domicilio, y supe que se encontraba en manos del subprocurador Gregorio Alberto Pérez Mata, que ya para entonces desmadraba la “justicia” coahuilense.

Aunque sabía que a esta última denuncia le habían dado carpetazo por “órdenes superiores”, no me extrañó que el expediente estuviera en manos de Pérez Mata, pues era protector del agente del Ministerio Público Alfonso Olegario Zamora Salas, quien desde el principio de la averiguación tergiversó las declaraciones del testigo y de los involucrados, viciando el proceso para favorecer a los responsables del cobarde acto.

Zamora Salas era toda una fichita, había sido acusado de vender un auto robado que estaba bajo la custodia de la PGJE, pero a pesar de la denuncia no le hicieron cargos, como tampoco atendieron mi petición de que fuera destituido del Ministerio Público por denegar la justicia y viciar el proceso para proteger a los delincuentes.

Otro de los protegidos del subprocurador Alberto Pérez Mata era el Director de averiguaciones previas Pedro Boone Menchaca, quien dos meses antes había estado en mi oficina, platicando sobre mi caso, pero en realidad quería saber hasta dónde llegaban mis investigaciones.

Todo esto se lo di a conocer al procurador Medina Ainslie en una carta abierta que publiqué en El Periódico... En la carta lo hacía responsable a él y a Montemayor sobre la seguridad de los míos. No le pedía nada, sólo dejaba constancia de de su pendejez al creer que me había engañado.

Por esos días, al inicio del tercer año del sexenio montemayorista, el punto más negro del “gobierno” estatal era la Procuraduría al mando del corrupto Humberto Medina Ainslie y su pandilla. Para entonces, Medina Ainslie y otros funcionarios habían saqueado las bodegas en donde la Procuraduría resguardaba las mercancías robadas a los traileros y que habían sido recuperadas por la PGJE. Esto lo incluí en la carta abierta, y aún cuando lo califiqué de corrupto, ladrón, incapaz, etc. “El Chuky” Medina Ainslie nunca contestó.

Con estos antecedentes, supe de antemano lo que sería el Tribunal Superior de Justicia con Gregorio Alberto Pérez Mata como Presidente de esa institución judicial. Pérez Mata fue nombrado en ese cargo por Humberto Moreira y hasta la fecha se mantiene en él, aunque lo único que sabe es obstaculizar y tergiversar la justicia a favor de los poderosos o recomendados.

Pérez Mata ya se había revelado en el gobierno montemayorista como uno de los lacayos que realizan los trabajos sucios del régimen, y el que nace para maceta... aunque lo nombren Presidente del Tribunal Superior de Justicia sus mañas no cambian, y si no vean la situación que priva en la “justicia” coahuilense.

Por aquellos días (final de la primera etapa del gobierno montemayorista y principios de la segunda), concretamente el 31 de octubre de 1995, sucedió en Piedras Negras un accidente aéreo que mostró -además de la ineficiencia, los errores humanos y la manipulación de la información desde el Palacio Rosa-, otro de los múltiples negocios al amparo del poder de los amigos y familiares de Rogelio Montemayor, quienes habían tomado a Coahuila y a su gobierno como su instrumento más eficaz de enriquecimiento personal. Eran tiempos de los insaciables neoliberales, antes estuvieron los insaciables del “viejo PRI”, y después estarían los insaciables del “nuevo PRI”, pero unos y otros se revelaron como simples ladrones.

Aquel día un avión de la aerolínea Tacsa (Transportes Aéreos de Coahuila, S. A.) se desplomó a cuatro kilómetros del aeropuerto de Piedras Negras, muriendo 9 de sus 11 pasajeros.

Curiosamente, la “Rancherita del Aire”, radiodifusora propiedad de Claudio Bres Garza (Director de Comunicación Social del Gobierno del Estado), informó a la mañana siguiente que el avión se había encontrado en el rancho “El Bonito” del municipio de Guerrero, asegurando mentirosamente que sus pasajeros se encontraban a salvo y con vida. Esta versión fue difundida también por otro empleado montemayorista: Romualdo Aguirre Oyervides, director de los aeropuertos de Coahuila.

Esta mentirosa información hizo suponer que el gobierno y sus cómplices querían ocultar algo, pues la aeronave fue hallada -oficialmente- hasta las 16 horas del Primero de noviembre, y sólo dos de sus once pasajeros se encontraron politraumatizados con vida, habían soportado el impacto y sobrevivido con angustia y dolor 19 horas esperando que los rescataran.

El 2 de noviembre cuando la prensa dio cuenta del accidente, Rogelio Montemayor sin esperar el dictamen de los peritos, se apresuró a asegurar que la causa del accidente había sido “por error humano del piloto”, quien ya no podía refutar las declaraciones del gobernador, pues había muerto en el accidente.

Ese mismo día, mientras la prensa coahuilense “informaba” del accidente tratando de proteger a los responsables, el diario capitalino La Jornada publicaba que la aerolínea era propiedad del hermano del gobernador Jesús María “El Chuma” Montemayor Seguy, a quien los ciudadanos informados consideraban el vicegobernador y encargado de los negocios familiares, y del Senador por Coahuila Francisco Dávila Rodríguez, entre otros empresarios, funcionarios y políticos que estaban en la “polla”. Nadie desmintió la información, por miedo a que se divulgara. Los gobernantes y los grupos políticos siempre piensan que los ciudadanos somos pendejos y que fácilmente pueden engañarnos.

Muchas fueron las dudas que surgieron del accidente: ¿Quién autorizó el vuelo con el mal tiempo que prevalecía en Piedras Negras? ¿Por qué la radiodifusora y el Director de los aeropuertos de Coahuila mintieron? ¿Por qué el gobernador se apresuró a echarle la culpa al piloto fallecido? ¿Quiénes eran los propietarios de Tacsa?

Cada quien se contestó las preguntas como mejor le pareció. Algunos dijeron que la tardanza en encontrar el avión había impedido salvar más vidas. Otros vieron que la desinformación era para proteger a los verdaderos responsables del accidente, y hasta hubo quien se condolió de la situación, un amigo del gobernador advirtió: Los Montemayor la traen de malas, pues acaban de adquirir la aerolínea y ya tuvieron un accidente”.

Lo cierto es que el trágico accidente sólo consiguió espacio en la prensa estatal los dos días siguientes al encuentro del avión desplomado: el 2 de noviembre cuando se dio la noticia y el 3 de noviembre cuando sepultaron los cuerpos de los infortunados pasajeros. Después todo fue silencio, ningún reportero recibió la orden de darle seguimiento al caso, razón por la que se incrementaron las sospechas.

Finalmente nunca se supo cuál fue la causa del accidente: el piloto como dijo Montemayor; el mal tiempo como argumentaron algunos enterados; una falla mecánica del avión o la falta de combustible como otros suponían.

Para evitar más especulaciones, el periódico Vanguardia afirmó que la aeronave llevaba suficiente combustible como para retornar a Saltillo, pero nunca explicó por qué no lo hizo, ni si ese había sido el error del piloto que señaló el gobernador. También hubo quienes se preguntaron: ¿Por qué no explotó el avión al desplomarse si llevaba tanta gasolina?

Para contaminar el ambiente con más especulaciones, Vanguardia dio a conocer el nombre de una veintena de socios que eran dueños de Tacsa, entre ellos como principal accionista destacaba el entonces diputado federal Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “La Coneja”, quien en el mismo día de su mención desmintió ser el propietario de la aerolínea pues la había vendido, pero según Vanguardia “La Coneja” no se acordaba a quién le había vendido, sólo dijo que se trataba de gente de La Laguna. Lo cierto es que Alejandro Gutiérrez era muy cercano al “Hermano Lelo” como conocían a Montemayor en los círculos enriquistas.

Pero allí no acababa la tragicomedia. Las sospechas se incrementaron cuando se informó que el avión accidentado no traía caja negra, según un vocero de Tacsa: “porque a este tipo de aviones se les permite no traer caja negra”. El encargado de la aerolínea también se adelantó a decir que a los familiares de los pasajeros muertos en el accidente les darían una indemnización de 124 mil pesos, y hasta prometió que posiblemente fuera más, “porque el seguro era mucho más amplio”.

Para qué más comentarios. El control periodístico y los negocios a la sombra del poder habían salido avante. El esfuerzo de El Periódico... por publicar estas informaciones sólo sirvió para enterar a los lectores, pero no hubo reacciones o ecos de dignidad. Los empresarios, políticos y funcionarios se mantuvieron callados en pago a los privilegios y canonjías que disfrutaban, a los partidos ni siquiera les interesaba enterarse, menos a sus votos duros que estaban a gusto con las dádivas que les arrojaban, mientras los ladrones se enriquecían con el erario público.

Era tanto el desmadre que Montemayor traía en su gobierno por sus múltiples errores, incapacidades, fracasos, vicios y corruptelas, que ante nuestras reiteradas críticas e informaciones, para explicar lo que sucedía, algunos empleados o beneficiarios del montemayorismo se sacaron de la manga una hipótesis que quisieron vender.

Según estos cortesanos, reconocían la gran corrupción que privaba en el gobierno montemayo- rista, pero exentaban a Montemayor de toda responsabilidad, porque según ellos: el gobernador estaba desinformado y sus acciones eran manipuladas por los intrigosos para satisfacer sus fobias, complejos, revanchas y negocios personales. Hubo quienes incluso daban una lista de nombres de los personajes que manipulaban a Montemayor, en donde aparecían: Lucrecia Solano, “El Chuma” Monrtemayor, Carlos Juaristi, Óscar Olaf Cantú, Baltasar Hinojosa, Antonio Juan Marcos Issa, Óscar Pimentel, Jorge Masso, Claudio Bres, y otros etcéteras.

La primera vez que escuché esta jalada, me quedé asombrado por tanta estupidez junta, y respondí publicando en El Periódico... mi opinión: El gobernador es el mejor informado del Estado, y nadie puede hacer algo sin su anuencia, pero por conveniencia, incapacidad o negligencia, permite que sus colaboradores, familiares, amigos y socios hagan negocios, cometan errores y roben.

Lo cierto es que los defensores de Montemayor reconocían algunos de los defectos del gobernador, y decían que “Rogelio sólo era mandilón, de doble moral, insensible, falto de voluntad y sin oficio político, pero otra cosa no”. Cuando me lo dijeron, les pedí que no ayudaran tanto a Montemayor. Por respeto a la investidura, prefería creer que Montemayor era negligente, y no un pendejo manipulado.

Me oponía a la suposición de los lacayos montemayoristas, porque Rogelio Montemayor siempre estuvo informado de los negocios, incluso ilegales, de sus familiares, amigos y socios, y como en los casos de Fodeisa y Tacsa, siempre estuvo informado, pero como tenía intereses en estos negocios, los encubrió y los protegió...

(Continuará).
La segunda etapa del sexenio montemayorista...